Publicado en Código CBA
22 de noviembre de 2020
Este viernes, a partir de las 17hs y a pesar del mal tiempo, concurrió la Marcha de la Gorra, esta vez, bajo el lema: “Ante la respuesta represiva, somos memoria presente y lucha colectiva”. La Marcha de la Gorra nació como una forma de visibilizar el repudio hacia los casos de persecución, discriminación y de gatillo fácil a manos de la policía. Desde que nació en 2007, esta agrupación ha luchado por reivindicar los derechos de los jóvenes que son víctimas de las fuerzas policiales y el poder institucional.
En lo que va del año, los números que se presentaron en un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), ascienden a 102 casos de muertes relacionados a represión policial y gatillo fácil en Argentina; ocho de los casos se contabilizaron en Córdoba.
La multitud que participó de la movilización de la Marcha de la Gorra partió desde Colón y General Paz y se dirigió hacia Casa de Gobierno, donde no pudieron avanzar debido al vallado que la policía colocó a lo largo de las calles. Ante esta situación, desde las redes, la organización declaró:
“Nos cerraron el paso con vallas para que no accedamos al Centro Cívico pero nuestra lucha tiene más fuerza que un par de hierros… Nuestro reclamo exige justicia por cada asesinade en manos de las fuerzas represivas”.
Siendo la edición 14° de la Marcha de la Gorra, desde el colectivo organizado se emitió un comunicado y se manifestó que el “Estado desaparece, quema los montes, persigue a quienes se organizan, desaloja a quienes no tienen hogar ni servicios básicos y deja de lado a quienes llama esenciales; y una sociedad argentina que registra más de 31.000 muertos por COVID-19, un femicidio por día, 92 casos de gatillo fácil hasta agosto”. Y se remarcó:
“Llegamos hasta la valla. De un lado, todo monocolor; la quietud, las armas, la posición firme y fija. Unos waki-toki para buchonear. Y de este lado; la alegría, la música, los bombos, el baile y los colores, a pesar de todo. Porque nuestros gritos son de bronca y nuestros abrazos transformadores”.
Casos como el crimen en plena vía pública del joven Valentino Blas Correas, de 17 años, que fue asesinado en un hecho de gatillo fácil en la capital cordobesa, luego de que junto a sus amigos evadieran en automóvil un control policial en zona sur y le dispararan a quemarropa, o el ahogamiento de Facundo Astudillo Castro, que fue visto con vida el 30 de abril mientras hacía dedo por la Ruta 3 con destino hacia Bahía Blanca, y cuya última imagen con vida fue una fotografía que se le sacó en un retén policial en Buenos Aires por «violar» la cuarentena obligatoria de COVID-19; evidencian el desprecio de algunos efectivos policiales por la vida humana y el silencio cómplice de las autoridades estatales que, entre telones, avalan y encubren este tipo de comportamientos criminales por parte de las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho del país.
Por hechos criminales como los mencionados arriba, las razzias “por portación de rostro” por parte de la policía, sumado a la discriminación estatal hacia ciertos sectores populares marginados de la sociedad, es que existen movilizaciones como la Marcha de la Gorra, que, entre otras problemáticas por las que combaten, reivindican la vida, representando las ausencias. Gracias a la presión de estas agrupaciones es que se avanzó en el logro de algunos derechos contra la avalancha de violencia policial que se vive en La Provincia de Córdoba; como el protocolo que prohíbe a la policía provincial el uso del arma reglamentaria para disparar contra una multitud o hacia un vehículo en movimiento, así como utilizarla como herramienta de disuasión en casos de fuga en algún control vehicular. Según las palabras del ministro de Seguridad provincial, Alfonso Mosquera, el uso de arma de fuego tiene que ser una «excepción excepcionalísima».
La otra lucha de la resiliencia que conforma la Marcha de la Gorra
Las organizaciones que conforman la Marcha de la Gorra, no sólo visibilizan su repudio hacia los casos de persecución, discriminación y de gatillo fácil por parte de la policía, sino que hace años que amplificaron su reclamo y se enfocaron en denunciar y exponer a los tres Centros Socioeducativos que existen en La Provincia de Córdoba, éstos son: el Centro Socioeducativo para Mujeres Adolescentes, el Centro Socioeducativo Semiabierto y el Complejo Esperanza.
Estas tres instituciones, conforme pasó el tiempo, han ido cambiando sus nombres con el fin de “simular” el rígido cumplimiento de la ley. Sin embargo, según las acusaciones de la organización Marcha de la Gorra, los niños y jóvenes que integran estos establecimientos se encontrarían privados de su libertad, bajo todo tipo de tratos vejatorios y ante el único amparo de un Juez.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura emitió un informe, que se basa en una investigación realizada entre 2018 y 2019, donde documentaron observaciones y testimonios de los reclusos que habitaban distintas comisarías, institutos y penitenciarias de Argentina en ese período. El informe dejó en evidencia las aberrantes prácticas que los uniformados que componen las fuerzas policiales aplican a los reclusos, donde se “sigue evidenciando prácticas que lindan con un trato inhumano, por debajo de cualquier estándar de respeto a la dignidad de las personas, aun en situación de encierro por haber cometido algún delito”.
Entre las prácticas cotidianas de algunos centros penitenciarios y Centros Socioeducativos, son frecuentes:
“Actos de tortura al ser detenidos. Varios relataron que, al ser apresados, sufrieron “golpes con la mano abierta, patadas en zonas como la cabeza, costillas y manos, ocasionando en algunos casos fracturas de huesos”. En dependencias policiales señalaron “el uso de picanas y cajas de cartón mojadas puestas sobre el cuerpo, para que los golpes no dejaran marcas”.
En particular, sobre el Complejo Esperanza, el informe señaló el uso de la técnica del “barquito”, que es aplicada por los profesores –como se les llama a los carceleros- a los menores recluidos, la cual consiste en “sujetar a los menores con las manos y los pies en la espalda, mientras se encuentran de cara al piso. Cuando los adolescentes no se calman con esta técnica es frecuente que les inyecten tranquilizantes y los obliguen a pasar la noche en la sala donde se realiza la requisa a las visitas, la cual no posee cama ni baño”. Por otro lado, en la cárcel de mujeres de Córdoba “se identificó como práctica sistemática la utilización de sanciones informales que consisten en trasladarlas a la enfermería, para luego sujetarlas con cadenas o bandas de tela a los extremos de la camilla. Pueden llegar a estar hasta dos días sin agua, comida ni acceso a un baño”.
Las “Cárceles para niños” –como las llama la agrupación-, son instituciones donde los jóvenes tienen el día por completo cronometrado, intervenido y controlado. Además, sus vínculos se encontrarían regidos por severos métodos de privilegio-castigo y de acceso-violación de derechos; tal cual funcionaría una penitenciaría. Por otro lado, la agrupación subraya que las víctimas que residen en los establecimientos duermen enrejados y que conviven con el miedo latente de ser encerrados en celdas o trasladados mediante esposas a un confinamiento solitario.
Por ser uno de los Centros Socioeducativos más perversos y polémicos del país, es que muchas prácticas del Complejo Esperanza son de público conocimiento; como las requisas humillantes, las palizas, la higiene infrahumana en sus instalaciones, los abusos sexuales entre los mismos reos o el aval de los profesores hacia algunos jóvenes privados de su libertad que les dan dinero a cambio de que se les cargue el celular; herramienta prohibida dentro del emplazamiento. Por lo que es de esperar que quienes ingresan en estas entidades lejos estén de rehabilitarse por sus conductas adictivas o delictivas.
Parte de la problemática con este tipo de entidades socioeducativas son el difícil acceso por parte de los medios de comunicación independiente, así como los continuos frentes con los que el establishment intenta matizar o enmascarar los violentos hechos que se dan entre sus muros; no es inusitado que los internos que no se adaptan a las reglas de convivencias aparezcan muertos bajo una carátula suicida. Esta mecánica en los tratos hacia los reclusos –según las múltiples denuncias realizadas por distintas Organizaciones No Gubernamentales- es una constante que se repite a escala nacional en este tipo de Centros Socioeducativos.
Los Jueces de Menores, son otro de los focos que la agrupación de la Marcha de la Gorra, señalan; manifiestan que estos Jueces, en algunos casos, ostentan sus cargos hace más de veinticinco años (cuando los Centros Socioculturas existen hace veinte) y de que son los principales responsables de velar por la salud y vida de los jóvenes que habitan en los establecimientos. Por lo que, realmente, las vejaciones y los maltratos a los «reclusos», así como la corrupción que aqueja a este tipo de centros de rehabilitaciones educativos parecen estar lejos de finalizar.
El viernes 20 de noviembre se dio cita a una nueva movilización de la Marcha de la Gorra, cuyo recorrido finalizó en las inmediaciones de La Casa de Gobierno. Frente a las calles valladas y el ciclón de miradas de las fuerzas policiales que las custodiaban, los cánticos resilientes de la multitud se hicieron oír, y bajo un cielo plomizo, clamaron justicia.
En el mural virtual de la Marcha de la Gorra se puede leer:
«Frente al Panal concluimos, con un momo patrullero en llamas, al calor de la movilización, acompañada por gotas de clamor, caídas del cielo y emergidas desde el barro. Tomamos el propio camino construido y también las luchas que nos anteceden; nos nutrimos de las luchas hermanas y transmutamos entre todxs, colectivamente, nuestra presencia acá, de nuevo. ¡Que se sepa que estamos más plantades que nunca, avivando las brasas de las luchas! ¡Que recordamos nuestra historia y a les pibes fusilades por el aparato represivo! Somos fuego transformador. Somos memoria presente. Somos lucha colectiva».