Publicado en Píldora Mutante
25 de abril de 2023
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue denunciado por espionaje este jueves. La delación fue realizada por la Procuraduría de Investigación Administrativa (PIA) contra las autoridades del Gobierno porteño comandado por Horacio Rodríguez Larreta a causa del uso indiscriminado sin una causa racional de la utilización de datos biométricos.
La denuncia fue llevada a cabo por el fiscal Sergio Rodríguez en razón de la “violación de secretos” que se enmarca en el artículo 157 de acción pública del Código Penal:
“Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”.
El fiscal señaló que durante su investigación sobre el Registro Nacional de Personas (Renaper) advirtió más de dieciocho millones de consultas en el sistema que no contaban con una justificación lícita. Por lo que su búsqueda tenían como objetivo el espionaje.
Durante el 2019 en Capital Federal comenzó a funcionar el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) que prohibía incorporar imágenes y registros de personas que no se encontrasen en la base de datos de Consulta Nacional de Rebeldía y Capturas (Conarc). Sin embargo, este sistema compuesto por más de quince mil cámaras inteligentes a cargo de tres centros de monitoreo, se declaró inconstitucional por la jueza Elena Liberatori en 2022 debido a que se utilizó “sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes de la Ciudad”. Ese mismo año el programa sería suspendido por el juez Roberto Gallardo a causa de que el magistrado detectó un uso sospechoso de Renaper de la información; se consideró que el sistema de datos biométricos violaba la privacidad y la intimidad de las personas.
Estas denuncias iban en sintonía con la investigación judicial que realizó en 2020 el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), de la que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) forma parte. El estudio constató el uso ilegal de esta herramienta de vigilancia civil utilizada por el Gobierno porteño dirigido por Larreta. Esta situación hizo que el juez Roberto Gallardo allanara ese mismo año el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) y el Ministerio de Seguridad porteño y ordenara peritar los equipos de información.
Por su parte, el fiscal Sergio Rodríguez en su investigación dio cuenta de que en el 2021 el Renaper llegó a tener un número de consultas anuales del Ministerio de Justicia de CABA de 6.969.878. Algo muy sospechoso teniendo en cuenta que el Conart contenía solamente 40.000 registros de ciudadanos buscados por el Poder Judicial.
Esto significa, en opinión del fiscal a cargo de la denuncia, que “existió una migración en cantidades exorbitantes de datos biométricos desde el Renaper al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA y/o la Policía de la CABA con motivo de las prevenciones efectuadas o para la carga y alimentación del SRFP”.
Según la Agencia Nacional de Noticias (Télam) entre los datos biométricos más solicitados por el Gobierno porteño, se encontraban los de de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con 226 búsquedas, el policía desaparecido Arshak Karhanyan con 92 consultas y el del presidente Alberto Fernández con 76 registros.