20 de febrero de 2020
Tras ocho días de intensa búsqueda de Ivana Módica en La Falda, Pampa de Olaen y las canteras de Valle Hermoso, finalmente dieron con su cadáver en las últimas horas del viernes. La pareja de la periodista asesinada, Javier Galván, se quebró ante la fiscal y precisó los datos para dar con su cuerpo.
Antes de ser reasentado en el penal de Bouwer por inconsistencias en sus declaraciones, Javier Galván, quien se encuentra detenido desde el lunes, pidió declarar ante el fiscal de turno con la intención de confesar el crimen de su pareja, Ivana Módica de 47 años. Junto a su abogado defensor —Felipe Jure, quien manifestó que Módica ejercía violencia contra su defendido—, el piloto de la Fuerza Aérea de Córdoba ingresó a declarar ante la fiscal Jorgelina Gómez en los tribunales de Cosquín, en torno a las nueve de la noche del viernes, donde finalmente admitió el crimen.
El cuerpo de Ivana Módica fue hallado este viernes alrededor de las once de la noche en la región del Camino del Cuadrado en la La Falda. En una primera declaración, el femicida había mencionado que su pareja había salido a caminar el viernes 12 de febrero al cerro La Banderita, donde finalmente desapareció; sin embargo, la coartada de Galván se derrumbó cuando la justicia se topó con grabaciones de cámaras de seguridad de su auto marchando a la madrugada en el día de la desaparición de Ivana, merodeando por zonas en la que, según su declaración preliminar, no se debería haber encontrdo a esas horas. Esta circunstancia, sumada a la denuncia por violencia de género que le había realizado Ivana el año pasado, determinaron la suerte inmediata de Galván; quien fue detenido acusado de brindar falso testimonio.
La última noticia que se había tenido de Ivana Módica fue del día anterior a su desaparición, cuando intercambió mensajes desde el celular con su hija Nicole, quien manifestó que la comunicación con su madre se cortó de forma intempestiva cerca de las once de la noche.
Las estadísticas en el país que relacionan femicidios con efectivos pertenecientes a las fuerzas del Estado son alarmantes, puesto que, según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), uno de cada cinco femicidios son efectuados a manos de parejas o exparejas de las víctimas que pertenecen a las fuerzas de seguridad; habiendo en muchos casos denuncias previas, como en el reciente femicidio de Úrsula Bahillo el 8 de febrero en Guido Spano, partido de Rojas. Donde la joven de 18 años fue asesinada de quince puñaladas por su exnovio Matías Martínez, un policía de la bonaerense, a quien Úrsula había denunciado 18 veces sin lograr obtener ninguna clase de protección por parte de la justicia.
Hasta el 9 de febrero, la organización CORREPI advertía:
«En lo que va del año ya son 44 femicidios en 40 días. En nuestro Archivo de Casos advertimos que, en un porcentaje importante, los casos registrados de víctimas mujeres en manos del aparato represivo estatal, se relacionaban con situaciones de violencia machista y patriarcal.
En el caso de los femicidios de uniforme, el índice ha sido creciente, hasta llegar hoy a 389 femicidios sobre un total de 671 víctimas mujeres.
Estimamos, tomando como base los registros existentes a nivel nacional que, a fines de 2020, una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria».